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DICTAMEN DE NUEVA LEY DE PUBLICIDAD ESTATAL AÚN ES MATERIA DE DEBATE


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EN DEBATE DICTAMEN DE LA LEY DE PUBLICIDAD ESTATAL


El Dictamen...

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El Dictamen de la nueva Ley de Publicidad Estatal aprobado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, es el resultado de un trabajo de más de un año que se dio a partir del debate que generó el congresista Mauricio Mulder con su propuesta para eliminar la publicidad estatal. El Tribunal Constitucional declaró nula la Ley de marras.

En el presente Dictamen se consideró la opinión del Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y el MTC. También, se incluyeron las sugerencias de los gremios de los medios de comunicación escrita, radial y televisiva. En tanto el debate continua, PERÚ TV RADIOS publica a continuación las partes más importantes de la referida norma.

OBJETO, FINALIDAD Y ÁMBITO DE LA LEY
La Ley tiene por objeto regular la comunicación que corresponde al Estado peruano respecto de sus acciones, actividades, programas, proyectos y otras necesidades comunicacionales, para garantizar el derecho del ciudadano a ser informado a través de la adecuada publicidad estatal; asegurando el uso eficiente y transparente de los recursos públicos destinados a dichos fines.

La finalidad es establecer el régimen jurídico de la publicidad estatal contratada por el Estado en todos sus niveles, estableciendo la forma, condiciones, prohibiciones, sanciones, transparencia y mecanismos de control que correspondan a la contratación de avisaje en sus diferentes presentaciones en los medios de comunicación públicos y privados.

La presente Ley es de obligatoria aplicación para todas las entidades del poder Ejecutivo, incluyendo ministerios, organismos públicos, poder legislativo, poder judicial, gobiernos regionales, gobiernos locales; organismos autónomos, proyectos especiales y programas estatales.

Están excluidas los alcances de la Ley, los avisos legales y la publicación de normas legales del diario El Peruano.

PRINCIPIOS DE LA PUBLICIDAD ESTATAL
Son principios de la publicidad estatal los siguientes:

a) Legalidad. Respeto irrestricto de los valores y principios de nuestra Constitución Política del Perú y del orden jurídico de nuestro Estado.

b) Interés público. Garantizar el derecho a la información, respetando los valores y derechos de los ciudadanos, limitando todo uso o ventaja a un fin personal, electoral o partidario.

c) Probidad. Respeto a los valores, la moral, la integridad de los ciudadanos y del patrimonio del Estado, excluyendo todo provecho o ventaja personal o de grupo de la autoridad o funcionario; así como, tomando en cuenta la finalidad y las características de cada campaña y del público objetivo de la misma.

d) Eficiencia. Dirigido a lograr los fines, metas y objetivos propuestos en las acciones, actividades, programas, proyectos y otras necesidades comunicacionales, utilizando racional y adecuadamente los recursos públicos.

e) Cobertura. Las acciones, actividades, programas, proyectos y otras necesidades comunicacionales se realizan a nivel nacional, regional y local, buscando alcanzar el objetivo según corresponda.

f) Neutralidad. Diseñada con absoluta imparcialidad política, ideológica, religiosa, social, económica o de cualquier otra índole.

g) Veracidad. Las acciones, actividades, programas, proyectos y otras necesidades comunicacionales se realizan bajo el principio de la realidad y autenticidad, contribuyendo al esclarecimiento de hechos de interés público o beneficio del ciudadano; debe ser clara y no debe inducir a error a los ciudadanos.

h) Transparencia. Toda la información sobre publicidad estatal en poder del Estado es pública. El Estado debe publicar periódicamente toda la información referida a la contratación de publicidad estatal y establecer procedimientos que permitan garantizar el derecho al acceso a dicha información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

i) No discriminación. Los recursos asignados a la publicidad estatal deben ser distribuidos con equidad, aplicando criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos.

j) Razonabilidad. Por el cual se busca analizar la motivación y sustentación adecuada del uso de los recursos públicos, en razón al objetivo que se desea alcanzar.

k) Interculturalidad. Diseñada para la inclusión de mensajes en las distintas lenguas originarias o nativas del país, atendiendo los usos y costumbres de la circunscripción en la cual se difunden, con la finalidad de lograr los objetivos propuestos.

l) Descentralización. Las entidades públicas tienen como criterio central de contratación, la descentralización del gasto, respecto de los medios de comunicación de alcance local, regional y departamental.

REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD ESTATAL
Para la contratación de publicidad estatal, toda institución pública debe tener su “Plan Comunicacional Estratégico”, aprobado en el primer trimestre del año. Este plan debe tener como mínimo la definición, descripción, inversión y justificación de las campañas, impacto social, económico y producto esperado de acuerdo a sus metas; definición y ubicación geográfica de la población o público objetivo al cual está destinada la publicidad estatal a difundirse.

La selección de las centrales de medios se hará por concurso público, evaluando precio, calidad de servicio, propuesta de valor, alcance al público objetivo y solvencia del proveedor según los términos de referencia de cada caso.

Para la selección de medios, deberá tener una justificación técnica y se contratarán solo a medios formales que cuenten con resolución de autorización vigente; además de tener en cuenta los objetivos, el público al que va dirigido, impacto a lograr, la cobertura, alcance (sintonía, lectoría o rating) y el tiempo de la campaña.

PROHIBICIONES GENERALES
En la contratación o ejecución de la publicidad estatal las autoridades o funcionarios públicos, están prohibidos, bajo responsabilidad:

a) Contratar publicidad estatal con empresas con sanción firme por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE; así como, las empresas que tienen deudas consentidas pendientes de pago a favor del Estado.

b) Contratar publicidad estatal con medios de comunicación (televisiva, radial, impresos o digital) que no cuenten con autorización vigente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones o de la institución que haga sus veces, de acuerdo al nivel de gobierno, según corresponda; así como, cualquier medio de comunicación informal.

c) Contratar publicidad estatal haciendo uso de recursos presupuestarios destinados a otros fines; así como de contratar publicidad estatal que no cumpla con los fines institucionales o los establecidos en la presente Ley.

d) Contratar publicidad estatal en beneficio de un candidato a cargo de elección popular o cualquier organización política, consignar colores, nombres, frases o contenidos, signos, símbolos, imágenes o voces que identifiquen a un líder u organización política inscrito o no inscrito en el registro correspondiente.

e) Intervenir (imagen o voz) en las pautas o mensajes comunicacionales que se contraten con recursos públicos, en medios impresos, paneles, spots televisivos radiofónicos o plataformas digitales privadas o del Estado. Están comprendidos en la presente prohibición los empleados públicos señalados en el artículo 4 de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público y en el artículo 52 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.

f) Realizar publicidad para destacar los logros de la gestión de cualquier nivel de gobierno.
 

g) Realizar campañas publicitarias en periodos electorales, conforme a la norma electoral.

CENTRALES DE MEDIOS
Las centrales de medios son empresas especializadas en el desarrollo de estrategias, planeación, compra, implementación y monitoreo de medios para campañas de comunicación en el ámbito privado y público, a nivel nacional o local. Para ello, las centrales de medios cuentan con personal especializado en estas labores, invierten y promueven la investigación de medios que permiten utilizar en su servicio.

Las centrales de medios evalúan y analizan la cobertura, alcances y/o niveles de audiencia de los canales de televisión y radio a nivel nacional y local, así como el número de sus repetidoras de ser el caso. La lectoría, distribución, periodicidad y tiraje de los medios impresos a nivel nacional, regional y local. El alcance, cobertura, tráfico, rebote y audiencia de los medios digitales a nivel nacional y local.

Las centrales de medios analizan y evalúan las preferencias de medios, de acuerdo a estudios de investigación de mercados, los cuales son realizados por empresas de investigación de medios nacionales o internacionales debidamente constituidas, las que son transparentes, confiables, seguras y que utilicen tecnología avanzada.

Las centrales de medios también deberán tener en cuenta la información de Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, que permite obtener niveles de audiencia en medios locales donde las empresas de investigación de medios no llegan.

Las centrales de medios también deberán tener en cuenta los instrumentos y criterios técnicos que recomiende el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, los gremios empresariales especializados y profesionales, los cuales serán detallados en el reglamento de la presente Ley.

Las centrales de medios tienen como rol definir la estrategia, planeación y el conjunto de medios que cumpla los objetivos del plan comunicacional estratégico de la entidad estatal. La central de medios elaborará el plan de difusión y se encargará de obtener competitivas condiciones tarifarias para cada medio, logrando la máxima eficiencia para el presupuesto de la entidad estatal.

En la publicidad estatal está terminantemente prohibido que las centrales de medios cobren porcentaje o pago adicional alguno como comisión de servicios a los medios de comunicación contratados para pasar los avisos de publicidad estatal, bajo responsabilidad del proveedor y de la empresa que lo solicite. Sobre este artículo aún hay discordancia.

PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD ESTATAL
El servicio de publicidad estatal, se paga sobre la base de un informe de conformidad que dé cuenta del cumplimiento de las condiciones contractuales pactadas. El informe de conformidad es auditado por la entidad contratante. El contrato establece el funcionario responsable de emitir el informe de conformidad, así como los plazos de emisión del informe, procedimientos de las observaciones, subsanaciones y pago del servicio, bajo responsabilidad.

El pago de los servicios de las centrales de medios en cada contrato ganado en los concursos con el Estado, se rige por las reglas del mercado nacional e internacional, se declara desierto cuando los costos propuestos no justifiquen el servicio.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Las entidades de los tres niveles de gobierno, deben publicar en su portal el “Plan Comunicacional Estratégico”, la central de medios seleccionada y su contrato, el plan de medios proyectado, el resultado obtenido y los informes de ejecución de publicidad estatal. La publicación comprende los medios de prensa escrita, radial, televisiva o medios digitales contratados, los criterios que orientaron la propuesta, así como los montos pagados a cada medio de comunicación; así mismo, el monto pagado a la central de medios para estos contratos.

Las entidades públicas, los ministerios, los gobiernos regionales y locales remiten los informes a la Contraloría General de la República.

DEL INCUMPLIMIENTO A LA LEY
La Contraloría General de la República, como máximo órgano de control, supervisa, fiscaliza y de ser el caso, impone las sanciones administrativas que correspondan a los funcionarios y servidores públicos que incumplan con lo dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que haya lugar.

Las sanciones que correspondan a los funcionarios y servidores públicos que incumplan lo establecido en la presente Ley se aplican según la normatividad que regula la materia, responsabilidades administrativas, civiles y penales, llegando incluso hasta la destitución e inhabilitación para ejercer el cargo público hasta por diez años.

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