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Respaldo y rechazo, son las primeras reacciones que está generando la propuesta de Ley N° 4333/2018 que empezó a ser revisada en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, cuya iniciativa es impulsada por el congresista de Fuerza Popular Wuilian Monterola.

La propuesta legislativa plantea la incorporación de polémicos temas como la intervención en precios, definición de monopolios legales por zonas, mayor regulación y la posibilidad de tener un operador estatal. Hay quienes sostienen que el proyecto es reglamentarista, está desenfocado de los principios de simplificación administrativa y, además colisiona con el modelo de libre mercado.

Entre otros puntos controversiales, se advierte la restricción del número de concesionarios en una zona o mercado, las tarifas topes para internet y el condicionamiento para la renovación de concesiones. Estas primeras posiciones hacen que la propuesta del parlamentario Monterola deba ser sometida a debates técnicos con mayor profundidad, recomiendan.

Virginia Nakagawa, viceministra de Comunicaciones, consideró la importancia de que no se defina el cambio del actual modelo –y, por ende, de la actual Ley de Telecomunicaciones—sin un debate técnico, amplio, descentralizado, especializado y que recoja las opiniones de todos los actores del mercado.

Uno de los problemas que tiene el proyecto de Ley, es que genera interpretaciones confusas respecto de quien desempeña la rectoría del sector, al confundir funciones del MTC e incorporar en éstas al Osiptel. Nakagawa también observó que no plantea la creación de una empresa estatal que quiebre el rol subsidiario del Estado.

Indica que, respetando dicho principio, la entidad estatal daría servicios a zonas donde no llega el sector privado. Sin embargo, existe la necesidad de definir los criterios que permitirán determinar si existe o no competencia suficiente para que dicha entidad use los recursos escasos del Estado.

Por su parte, Manuel Cipriano, ex miembro del directorio del Osiptel, consideró que la iniciativa está desenfocada de los principios de simplificación administrativa y, además, implica un retroceso en cuanto a la regulación que requiere el país para incentivar la competencia y facilitar el despliegue de infraestructura.

Sostuvo que el proyecto de Ley abre la puerta a una intervención directa del Estado en el mercado de las telecomunicaciones, sin tener en cuenta el rol subsidiario previsto en la Constitución, lo que implica un retroceso en el desarrollo del mercado y un retorno al nefasto modelo estatista del pasado.

También, cuestionó la creación de nuevos procedimientos y trámites innecesarios, con plazos excesivos, sin tener en cuenta que la corriente actual tiende a la desregulación y simplificación de los trámites.

Respecto a un nuevo régimen de infracciones y sanciones para empresas que hayan generado utilidades y el alza del aporte por regulación en 50%. De aprobarse, la propuesta legislativa significaría más costos para las ‘telcos’, lo que le restaría competitividad y desincentivaría las inversiones en un sector ya golpeado por la regulación.

Bajo el nuevo régimen de sanciones, las empresas que hayan generado ingresos ya no se someterían al régimen en base a UIT, que rige actualmente, sino que podrían pagar hasta 0.75% de sus ingresos.

“Basar un sistema de infracciones en relación con los ingresos de las empresas puede resultar confiscatorio y desincentiva el crecimiento empresarial y la inversión de las empresas, lo cual podría repercutir directamente en el desarrollo del sector”, opinó Enrique Cavero, socio del estudio Hernández & Cía.

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