Julio 07, 2022

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PUBLICIDAD ESTATAL EN DISPUTA

El portal periodístico EL FOCO acaba de publicar un informe especial sobre la publicidad estatal. Importante documento para leerlo y analizarlos. Aquí les compartimos el texto íntegro del informe elaborado por el periodista Fabricio Carrera. 

En los últimos dos años el gasto en publicidad estatal ascendió a S/ 373 millones. El Congreso busca descentralizar la torta publicitaria, pero hay cinco parlamentarios con conflictos de intereses.

En la agenda del pleno del Congreso hay un proyecto pendiente de debate que generará chispas: la regulación de la publicidad estatal. El pasado 19 de enero, la comisión de Transportes aprobó con 13 votos a favor la norma que busca que la publicidad estatal sea repartida hasta en un 70% solo a los medios locales y regionales. La medida, que busca quitar la torta publicitaria que está en manos de los grandes medios, esconde, sin embargo, intereses y vínculos particulares.

Resulta que el presidente de la comisión de Transportes, Alejandro Soto Reyes, de Alianza para el Progreso (APP), conocido por entrevistarse a sí mismo en la última campaña electoral, tiene como asesor ll a Miguel Alencastre Pérez. Este personaje era, hasta hace unos meses, el gerente general de la Compañía de Televisión Cusqueña S.A.C., la cual opera desde el año 2000. Tal es el vínculo del congresista Soto con la empresa de los Alecastre, que el parlamentario es panelista de la televisora y cada domingo dirige el programa Ronda Política.

Compañía de Televisión Cusqueña ha tenido contratos con diversas entidades del Estado desde el año 2008, generando un monto en publicidad de S/ 542 756, según el sistema de Proveedores del Estado. Los contratos de publicidad estatal van desde servicios para programas culturales hasta cobertura de conciertos en distintas localidades de la región.

Reporte del MEF: en el año 2020 el Estado desembolsó S/ 150 734 635 soles en publicidad estatal. En el 2021 la cifra aumentó en más de 70 millones.

Compañía de Televisión Cusqueña le pertenece a Francisco Alencastre Duran, padre del asesor del congresista Soto Reyes. Francisco Alencastre, según el portal Cusco Datos, entre el 2012 y 2018 se benefició con contratos de publicidad estatal por más de S/. 4 millones.

El proyecto de ley que reparte la mayor cantidad de la torta publicitaria a los medios locales y regionales fue aprobado en el congreso anterior. Sin embargo, el presidente Francisco Sagasti la observó, y el parlamento no alcanzó a la insistencia. El actual legislativo lo desarchivó por un pedido de APP.

Dentro de esta bancada, la congresista María Acuña Peralta, hermana del patriarca del partido y excandidato presidencial César Acuña, fue propietaria y gerenta de Radio Difusión Gran Plaza S.A, empresa que cedió los derechos a la facultad de Comunicación de la Universidad Señor de Sipán. El centro de estudio forma parte del holding educativo de César Acuña.

La familia Acuña tienen un canal de televisión abierta que fue lanzada el 2003 con el nombre de UCV Satelital. Actualmente se llama TV Cosmos y cuenta con más de once programaciones emitidas en distintas ciudades del país. TV Cosmos ha sido beneficiado por dinero del Estado por contratos de servicios de publicidad estatal por un monto de S/ 446 764. EL FOCO intentó recoger un comentario de la congresista Acuña para este informe, pero no hubo respuesta.

La congresista Patricia Chirinos, de Avanza País y entusiasta impulsadora de la vacancia del presidente Pedro Castillo, es accionista de la Editora Vulcano S.A. Chirinos tiene, según registros público, S/ 5 millones en acciones. Su hijo, Santiago Carranza Vélez Chirinos, es el gerente general de la empresa.

La parlamentaria confirmó a EL FOCO que dejó de ser accionista de la empresa en julio del 2021, semanas antes de juramentar en el cargo. No quiso dar mayores detalles, pese que esta plataforma insistió con su jefe de Prensa Johny Maraví Santiago Carranza, el hijo de la congresista, es reportero en la revista Cosas, perteneciente a la familia Miró Quesada.

Otro miembro del congreso que ha tenido vínculos con una empresa televisora es la congresista Leslie Olivos, de Fuerza Popular. La parlamentaria fue, entre el 2006 y 2011, directora y conductora de TV Cable Internacional S.A.C, con sede en Chancay. La compañía de cable y televisión, que se encuentra actualmente en liquidación, ha sido contratada por servicios publicitarios estatales por S/ 91 289.

El caso de la parlamentaria Adriana Tudela es un tres por uno: ha sido conductora en la Productora Peruana de Información S.A.C, redactora en la Editorial Letra e Imágenes S.A.C, editora periodística en el Grupo Altavoz entre los años 2013 y 2015. Tudela, según su declaración jurada de intereses, es accionista de la empresa Altavoz. S.A.C con una participación de S/45 568.

Pero también hay intereses ocultos detrás de los grandes grupos mediáticos —concentrados en Lima— que se oponen a la ley que regula la publicidad estatal. Es por ello que también se debe ver la otra cara de la moneda.

Sede del canal de televisión UCV Satelital (Hoy TV Cosmos), en Trujillo, de la familia de César Acuña, mandamás de APP. El Estado desembolsó a este canal S/ 446 764 por publicidad estatal.
 
Mediante el uso de la plataforma de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), EL FOCO observó que entre el 2020 y 2021, años de la pandemia, el gasto en publicidad estatal ascendió a S/ 373 606 200. Y que de eso el 75% de ese monto fue a parar a manos de los grandes medios.
 
Edgar Guevara Soto, director de la Coordinadora de Medios Perúcritica a las asociaciones empresariales que están en contra de regular la publicidad estatal. “La publicidad estatal no debe tener como finalidad gastar solo en medios con mayor audiencia, o en las grandes ciudades, sino también debe orientarse a las ciudades medianas y los distritos, de lo contrario se estaría dejando de lado a millones de personas que viven en las zonas más alejadas del país”, declaró.
 
En entrevista para RRP, el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV)Jorge Baca-Álvarez criticó el proyecto de ley que está en la puerta del pleno del Congreso por no haberse conversando “con las partes interesadas”. Baca-Álvarez parece ser el personaje más preocupado en que este proyecto de ley no se apruebe.
 
Por un lado, están los grupos mediáticos más importantes del país perdiendo millones de soles si esta ley se aprueba. Por otro, un beneficio de mayor visibilidad a los medios regionales y locales del país, pero llevado por congresistas que no transparentan su relación con empresas de comunicación que serían beneficiadas. La sospecha está en el silencio.
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